Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Extremadura

Los ingenieros en informática instan al Gobierno a subir al tren de la actividad informática como estrategia económica

La falta de controles y regulación de las actividades informáticas es una amenaza para la competitividad y el interés general de ciudadanos y empresas

Madrid, 25 de septiembre de 2013.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Informática (CCII), ha remitido al Gobierno a través de la Dirección General de Política Económica, del Ministerio de Economía y Competitividad, sus alegaciones al texto del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (APLSCP) aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto.

Los ingenieros en informática han trasladado al Gobierno sus propuestas en el marco de la consulta que el gobierno está realizando a los representantes de las diferentes profesiones en relación al APLSCP que tiene como objetivo central reformar la normativa en materia de servicios profesionales para adaptarla a los criterios europeos y actualizarla a la realidad socioeconómica.

La hora de la ingeniería informática:

En sus alegaciones, además de múltiples propuestas de mejora de su contenido, CCII ha subrayado que es urgente resolver el agravio que desde hace décadas la ingeniería informática está sufriendo respecto al resto de ingenierías “tradicionales”, por una improcedente dejadez normativa en relación a las actividades y servicios de naturaleza informática que progresivamente han llegado a todas las actividades personales, empresariales y sociales en una absoluta falta de controles profesionales, ni siquiera en actuaciones tan trascendentes como instalar y explotar un centro de proceso de datos, diseñar y gestionar la seguridad informática, diseñar e implementar aplicaciones y sistemas informáticos de uso masivo para ciudadanos y empresas, explotar aplicaciones informáticas que disponen de datos personales y contenidos privados de los ciudadanos sin los adecuados controles y garantías, etc. etc.

No hay que convencer a nadie de la importancia de evaluar con rigor la necesidad de controles y regulación en las actividades informática en una sociedad que hemos dado en denominar “sociedad de la información y el conocimiento”, sin embargo ello es una tarea sorprendentemente pendiente en España, siendo el principal objetivo de la acción de CCII desde su constitución en 2010. CCII ha señalado que el APLSCP es el escenario para iniciar la solución de este importante problema.

Por otro lado, CCII ha trasladado al ejecutivo que además de la evidencia de la realidad hay un mandato legal al respecto, ya que el artículo 18 de la Constitución Española establece que "La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos", y así mismo el artículo 51 establece la necesidad de defender a los consumidores y usuarios desde los poderes públicos, especialmente en lo relativo su seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos.

Entiende CCII en sus alegaciones que los mencionados mandatos Constitucionales, y especialmente el artículo 18, son más imperativos y vigentes que nunca, y no se entendería el no tener dicho mandato presente en la LSCP, y su incidencia en la necesidad de regular adecuadamente las actividades y servicios en materia informática.

Subir al “tren” de la informática como estrategia económica

La Comisión Europea ha estimado que el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones es directamente responsable del 5% del PIB europeo, y adicionalmente que las TICs contribuyen un 20% al crecimiento de la productividad general de la economía (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Una Agenda Digital para Europa. Bruselas, 26.8.2010).

CCII considera en sus alegaciones que España tiene hoy en la tecnología informática “un tren” a la competitividad y al crecimiento que puede coger en igualdad de condiciones (y en algunos aspectos en superioridad de condiciones) respecto a los principales países desarrollados tanto a nivel europeo como mundial. Hay a la vista en el futuro pocos “trenes” con tanto potencial de creación de valor y competitividad para nuestra economía y nuestra sociedad. Podemos optar por dejar pasar este tren y dejar que otros países lideren y aprovechen los beneficios en su prosperidad, o podemos aprovechar la oportunidad y estar en la primera línea de la actividad informática (producción de programas y dispositivos, servicios, etc.) para el crecimiento y la competitividad de nuestra economía a corto y largo plazo, y en última instancia para la sostenibilidad y competitividad de nuestra sociedad. Esta decisión comienza por la evaluación y el tratamiento riguroso de las actividades y servicios en materia informática como base para la calidad competitiva de los productos y servicios informáticos, pues son la base del conjunto de actividad y resultado del sector de la informática como tal y de su utilización generalizada por el resto de sectores productivos. Es decir, esta decisión de política económica se va a tomar y se va a plasmar en el tratamiento que se dé a la informática en la LSCP: O bien evaluando objetivamente su regulación y considerando su importancia estratégica en la política económica, o bien continuando dando la espalda a la evidente y creciente necesidad de regulación y controles, y no percibiendo la trascendencia de la informática como elemento económico en la sociedad actual y futura.

CCII realizará todas las acciones que estén en su mano para persuadir al Gobierno de estas necesidades, tanto por la importancia de la resolución de la actual indefinición de las actividades profesionales de ingeniería informática, como especialmente por la repercusión de la informática en la competitividad y creación de riqueza y empleo de nuestra economía a corto y largo plazo. En definitiva, por la extraordinaria aportación al interés general de la ingeniería informática y las oportunidades que ello brinda a nuestro país en el contexto económico actual.

El 6 de mayo el CPIIEx participó activamente en la I Feria Tecnológica de la Escuela Politécnica, dentro de su semana del centro, dándose a conocer entre los estudiantes, profesores y profesionales asistentes al evento. Para ello varios miembros del Consejo de Gobierno ocupamos una mesa de exposición y nuestro presidente, Alfonso Gazo, realizó una presentación oral de nuestro colectivo, ahondando en comunicar por qué somos Ingeniería y enfocando el interés en la futura LSP y las consecuencias de estar excluidos.

Se celebró en el Pabellón de Informática con empresas e instituciones, que de una manera u otra colaboran con el centro en los títulos de grado y másteres de informática y telecomunicaciones. Éstas fueron: CheckPoint, Computaex, Cenatic, Indra, Oficina de Orientación Laboral, Beinn, DsMultimedia-Legarage-Cooperia, Colegio Profesional de Ingenieros en Telecomunicación, Homeria, Heuristic, Gloin, Eptisa, Tuvika, Sensolog, Insa, Infostock, Colegio Profesional de Ingenieros en Informática, Ceta-Ciemat, Solucionex, Intexmedia, Mobbeel.

El sábado 13 de abril la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura (campus de Cáceres) acogió la III Edición de la Olimpiada Informática de Extremadura (OIEx), en la que el CPIIEx es patrocinador y colaborador. Dirigida a todos los estudiantes de cualquier centro extremeño en el que se imparte la enseñanza secundaria y/o bachillerato, la competición se realizó en los laboratorios de la Escuela Politécnica, y consistió en dos pruebas de resolución de problemas independientes: una de ingenio y otra de programación.

El ganador de la prueba de programación pasa directamente a la fase nacional que se celebrará en Barcelona a partir del próximo 19 de abril. El segundo clasificado acudirá también a la prueba por haber superado las pruebas online de clasificación organizadas durante el mes de marzo y que daban acceso a la Olimpiada Informática Española.

La clausura y posterior entrega de premios, dirigida por Elena Jurado Málaga, coordinadora de las Olimpiadas, contó con la presencia de Carmen García González, vicerrectora de Universidad Digital, Pablo García Rodríguez, subdirector de Nuevas Tecnologías e Investigación de la Escuela Politécnica y Juan Carlos Manzano Pérez,  vicepresidente del CPIIEx, quien expuso nuestra problemática, pero animó efusivamente a todos los estudiantes a cursar una ingeniería de futuro como es la nuestra.

En  las redes circula un documento que se dice que es el borrador de la nueva LSP-Ley de Servicios Profesionales, y que el Ministerio de Economía no reconoce. En nuestra experiencia pasada (conflicto de Bolonia, fundamentalmente) hemos percibido como los Ministerios 'sueltan globos sonda' en base a documentos para 'medir' la respuesta de los colectivos afectados. Este podría ser el caso dado la estructura, fondo y forma del borrador en cuestión.

El quid de la cuestión está en el siguiente redactado de la Disposición adicional segunda que reza:

Atribuciones profesionales en la ingeniería.

1.- ... las atribuciones profesionales que las normas vigentes reserven en el ámbito de la ingeniería al profesional habilitado o al facultativo o técnico competente, podrán ser ejercidas, indistintamente y con independencia de su especialidad, por quienes posean un título de master que dé acceso a cualquier profesión de ingeniero.

2.-Se entenderán comprendidos en lo dispuesto en párrafo del apartado anterior, quienes hayan obtenido un título universitario que dé acceso a cualquiera de las profesiones de ingeniero, así como quienes posean alguno de los títulos siguientes: ingeniero aeronáutico, ingeniero agrónomo, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero de minas, ingeniero de montes, ingeniero naval y oceánico, ingeniero industrial, ingeniero de telecomunicación, ingeniero químico,

Lo que viene a significar que las reservas de actividad que se definan, también conocido con el nombre de atribuciones, es decir, aquello que un colectivo profesional puede hacer y no puede hacer nadie que no tenga esa titulación, quedarán clasificadas en dos: Las atribuciones generales, que serán la mayoría y que podrá ejercer cualquier ingeniero del listado anterior. Y las específicas, que solo podrán ejercer los ingenieros de aquella especialidad implicada y que el Ministerio pretende que sean las menos.

Dicho de otra forma, si estuviéramos en ese listado, podríamos ejercer todas las atribuciones profesionales definidas genéricamente.

Algunos podrán pensar que no tenemos por qué estar en ese listado, pues nunca hemos tenido atribuciones profesionales. Pero si bien es cierto, esto se ha entendido históricamente porque las leyes profesionales son anteriores a la existencia de la ingeniería informática. Por tanto, es una oportunidad histórica el que se reconozca a la ingeniería informática dentro del marco legislativo del resto de las ingenierías. Por otra parte, la ingeniería química que históricamente ha estado en la misma situación que nuestra ingeniería sí que se ve reflejada en el listado.

Otras cuestiones relevantes del borrador son:

3.-A partir de la entrada en vigor de esta ley, sólo los títulos universitarios de grado o de máster que den acceso a cualquier profesión de ingeniero o ingeniero técnico podrán incluir en su denominación la palabra ingeniero, a excepción de los títulos de ingeniero informático e ingeniero técnico informático, que podrán mantener dicha denominación.

Es decir, que cualquier ingeniería (y las hay, como Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Diseño Industrial, ....) como no están en el listado dejaran de llamarse ingenierías, aunque nosotros podremos mantener el nombre.

Por otra parte según el borrador, las profesiones se dividirán en Tituladas y Colegiadas, ... y nosotros no estaríamos en ninguna de esas categorías.

Importante también que en las licitaciones del sector Público, tampoco se podrá exigir, puntuar o mencionar a quien no esté en la lista, luego no se podrá pedir que para ejecutar un proyecto tenga que haber ingenieros en informática:

Disposición adicional quinta. Referencia a titulaciones en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público

En los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos del Sector Público sólo se podrán establecer referencias a titulaciones universitarias concretas cuando se trate del ejercicio de profesiones tituladas

La Ley afectaría también a la regulación, en este caso desregulación universitaria definitivamente, no entrando por el marco regulatorio de los estudios del ámbito de las ingenierías, lo que entre otras cosas significará que las matrículas de los Masters en Ingeniería Informática serán más caros (como ya lo está siendo en muchas universidades) que los Masters del resto de las ingenierías.

En fin, ... todo un despropósito, una injusticia y una discriminación inaceptable en un Estado de Derecho.

Fuente Original: https://www.cpiicyl.org/